ING pagará 10.000 euros a una cliente phishing fraudulento por negligencia

ING se compromete a pagar 10.000 euros por negligencia en un caso de phishing fraudulento, demostrando su responsabilidad hacia sus clientes. Aprende sobre esta noticia actual en el mundo del fraude y las indemnizaciones.
ING pagará 10.000 euros a una cliente phishing fraudulento por negligencia

ING, un banco reconocido internacionalmente, se verá obligado a pagar 10.000 euros a una de sus clientes como consecuencia de un caso fraudulento de phishing. Este tipo de fraude es llevado a cabo por ciberdelincuentes mediante envíos fraudulentos de correos o SMS que parecen proceder de entidades legítimas, con el objetivo de robar información privada y realizar cargos económicos ilegales en las cuentas bancarias.

Este suceso tuvo lugar cuando una clienta del banco ING se convirtió en víctima de phishing. Un mensaje SMS fraudulento llegó a su teléfono indicándole que su cuenta había sido bloqueada y le sugería pinchar en un enlace para resolver el problema. Al hacerlo, fue víctima de una llamada supuesta por parte del banco informándola de cargos falsos realizados con su tarjeta. A continuación, se le facilitó un código que permitió retirar 9.499 euros de su cuenta corriente.

La clienta acudió entonces al Juzgado y demandó a ING por una indemnización por perjuicios, argumentando que el banco actuó de forma negligente en la protección de sus datos personales ante este tipo de fraudes cibernéticos. A pesar del intento de defenderse diciendo que fue la cliente quien incumplió los deberes de custodia de sus claves personales y secretas, ING no pudo demostrar su argumento en el Juzgado.

La jueza, en su resumen sobre la Ley de Servicios de Pago, explicó las obligaciones que tienen los proveedores de estos servicios. En caso de deficiencia en dichos servicios, es responsabilidad del proveedor demostrar la autenticación de una operación y la ausencia de fallo en el servicio.

En este particular supuesto, ING no implementó un doble sistema de control para verificar la identidad de quien realizaba las operaciones ni adoptó las medidas necesarias para evitar o mitigar los efectos negativos que sufría un usuario si se veía afectado por un fraude en línea. Por lo tanto, como no pudo cumplir con estas exigencias legales y demostrar que la cliente actuó fraudulentamente, fue condenada a pagar esta importante suma de dinero.

Este caso podría servir como precedente para reforzar el compromiso de las entidades bancarias en garantizar la seguridad de sus clientes mediante mecanismos de autenticación sólidos.

ING pagará 10.000 euros a una cliente phishing fraudulento por negligencia

El banco ING se encuentra en la incómoda situación de tener que abonar cerca de 10.000 euros a una de sus clientes como consecuencia de un caso de phishing fraudulento. El phishing es una modalidad de fraude que se lleva a cabo mediante el envío de correos o SMS fraudulentos por parte de ciberdelincuentes, simulando ser entidades legítimas con el objetivo de robar información privada y realizar cargos económicos ilegales en las cuentas bancarias.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº1 de Sant Feliu de Llobregat, María Luz Barreiro, condenó al banco a pagar dicha cantidad a la clienta afectada. Según se explicaba en la sentencia, la cliente tenía una tarjeta de crédito vinculada a su cuenta corriente con ING. Sin embargo, fue víctima de un engaño por medio de un mensaje SMS fraudulento que se hacía pasar por el banco.

En este mensaje, le decían que su cuenta había sido bloqueada y le sugerían pinchar en un enlace para resolver el problema. Una vez realizadas esas operaciones, una supuesta agente del banco llamó a la víctima informándole de cargos falsos realizados con su tarjeta. Solicitándole realizar una operación interna a través de su aplicación bancaria, le facilitaron un código que permitió retirar 9.499 euros de su cuenta corriente.

El cliente acudió entonces al Juzgado y demandó a ING por una indemnización por perjuicios, argumentando que el banco actuó de forma negligente en la protección de sus datos personales ante este tipo de fraudes cibernéticos. A pesar del intento de defenderse diciendo que fue la cliente quien incumplió los deberes de custodia de sus claves personales y secretas, ING no pudo demostrar su argumento en el Juzgado.

La jueza, en su resumen sobre la Ley de Servicios de Pago, explicó las obligaciones que tienen los proveedores de estos servicios. En caso de deficiencia en dichos servicios, es responsabilidad del proveedor demostrar la autenticación de una operación y la ausencia de fallo en el servicio.

En el presente supuesto, ING no implementó un doble sistema de control para verificar la identidad de quien realizaba las operaciones ni adoptó las medidas necesarias para evitar o mitigar los efectos negativos que sufría un usuario si se veía afectado por un fraude en línea. Por lo tanto, como no pudo cumplir con estas exigencias legales y demostrar que la cliente actuó fraudulentamente, fue condenada a pagar esta importante suma de dinero.

Este caso podría servir como precedente para reforzar el compromiso de las entidades bancarias en garantizar la seguridad de sus clientes mediante mecanismos de autenticación sólidos.

El phishing, una modalidad de fraude cibernético creciente

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La sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº1 de Sant Feliu de Llobregat, María Luz Barreiro, condenó al banco a pagar dicha cantidad a la clienta afectada. Según se explicaba en la sentencia, la cliente tenía una tarjeta de crédito vinculada a su cuenta corriente con ING. Sin embargo, fue víctima de un engaño por medio de un mensaje SMS fraudulento que se hacía pasar por el banco.

Phishing fraudulento, ING, indemnización por perjuicios, negligencia bancaria

En este caso, la víctima recibió un mensaje en su teléfono móvil que parecía provenir del banco. Este mensaje le indicaba que había problemas con su cuenta y que debía hacer click en un enlace para resolverlo. A continuación, una supuesta representante del banco llamó a la cliente, informándole de cargos falsos realizados con su tarjeta. Solicitándole realizar una operación interna a través de su aplicación bancaria, le facilitaron un código que permitió retirar 9.499 euros de su cuenta corriente.

Deficiencia en servicios de pago, responsabilidad del proveedor

El cliente acudió entonces al Juzgado y demandó a ING por una indemnización por perjuicios, argumentando que el banco actuó de forma negligente en la protección de sus datos personales ante este tipo de fraudes cibernéticos. A pesar del intento de defenderse diciendo que fue la cliente quien incumplió los deberes de custodia de sus claves personales y secretas, ING no pudo demostrar su argumento en el Juzgado.

Autenticación de operaciones, ausencia de fallo en servicio

La jueza, en su resumen sobre la Ley de Servicios de Pago, explicó las obligaciones que tienen los proveedores de estos servicios. En caso de deficiencia en dichos servicios, es responsabilidad del proveedor demostrar la autenticación de una operación y la ausencia de fallo en el servicio.

Garantía de seguridad a clientes, mecanismos de autenticación sólidos

En el presente supuesto, ING no implementó un doble sistema de control para verificar la identidad de quien realizaba las operaciones ni adoptó las medidas necesarias para evitar o mitigar los efectos negativos que sufría un usuario si se veía afectado por un fraude en línea. Por lo tanto, como no pudo cumplir con estas exigencias legales y demostrar que la cliente actuó fraudulentamente, fue condenada a pagar esta importante suma de dinero.

Este caso podría servir como precedente para reforzar el compromiso de las entidades bancarias en garantizar la seguridad de sus clientes mediante mecanismos de autenticación sólidos.

La víctima: Una clienta inocente engañada por un mensaje SMS fraudulentos

La clienta afectada en este caso no tenía nada que ver con el fraude phishing perpetrado contra ella, sino que simplemente se encontró atrapada en una red de engaños diseñada por ciberdelincuentes. Ella confiaba en su banco y creía estar haciendo lo correcto al seguir las instrucciones dadas en un mensaje SMS fraudulento que decía ser del ING.

La negligencia bancaria: Un fallo en la responsabilidad El hecho de que el banco no pueda demostrar, ante los tribunales, cómo protegió adecuadamente a su cliente frente al fraude phishing indica una falta de responsabilidad por parte de ING. La jueza señaló claramente en su resumen sobre la Ley de Servicios de Pago que existen exigencias legales para estos proveedores de servicios.

Negligencia bancaria y deficiencia en los servicios de pago ING no implementó un doble sistema de control para verificar la identidad de quien realizaba las operaciones, lo cual es una falta grave. Además, tampoco adoptaron medidas para evitar o mitigar los efectos negativos que sufriría un usuario si se veía afectado por un fraude en línea.

Responsabilidad del proveedor: Fallo en el servicio La resolución judicial establece claramente la responsabilidad del proveedor cuando se deficiencia en sus servicios. Es responsabilidad de ING demostrar la autenticación de una operación y la ausencia de fallo en su sistema. Sin embargo, no pudieron hacerlo.

ING pagará 10.000 euros a una cliente phishing fraudulento por negligencia La indemnización por perjuicios que se impuso sobre el banco es un claro ejemplo del impacto económico y personal que puede tener la falta de cuidado en proteger las cuentas bancarias de sus clientes. Es más, esta indemnización no solo cubre los 9.499 euros que desaparecieron de la cuenta de la clienta, sino también representa el reconocimiento oficial ante un juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº1 en Sant Feliu de Llobregat.

La garantía de seguridad a clientes y mecanismos de autenticación sólidos Este caso podría servir como precedente para reforzar el compromiso de las entidades bancarias en garantizar la seguridad de sus clientes. Asegurar que los mecanismos de autenticación sean sólidos y eficaces es una responsabilidad compartida entre proveedores de servicios financieros y usuarios finales, pero en esta ocasión, ING no cumplió con su parte.

Estas situaciones son un recordatorio de la importancia de estar siempre alerta ante posibles fraudes en línea y de exigir a las instituciones bancarias un mayor esfuerzo en proteger nuestros datos personales.

El papel del banco en la protección de los datos personales de sus clientes

ING pagará 10.000 euros a una cliente phishing fraudulento por negligencia

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº1 de Sant Feliu de Llobregat, María Luz Barreiro, condenó al banco a pagar dicha cantidad a la clienta afectada. Según se explicaba en la sentencia, la cliente tenía una tarjeta de crédito vinculada a su cuenta corriente con ING. Sin embargo, fue víctima de un engaño por medio de un mensaje SMS fraudulento que se hacía pasar por el banco.

El phishing es una modalidad de fraude que se lleva a cabo mediante el envío de correos o SMS fraudulentos por parte de ciberdelincuentes, simulando ser entidades legítimas con el objetivo de robar información privada y realizar cargos económicos ilegales en las cuentas bancarias. En este caso, la supuesta entidad fraudulenta envió un mensaje a la cliente informándole que su cuenta había sido bloqueada y le sugerían pinchar en un enlace para resolver el problema.

Una vez realizadas esas operaciones, una supuesta agente del banco llamó a la víctima informándole de cargos falsos realizados con su tarjeta. Solicitándole realizar una operación interna a través de su aplicación bancaria, le facilitaron un código que permitió retirar 9.499 euros de su cuenta corriente. Este caso podría servir como precedente para reforzar el compromiso de las entidades bancarias en garantizar la seguridad de sus clientes mediante mecanismos de autenticación sólidos.

La cliente acudió entonces al Juzgado y demandó a ING por una indemnización por perjuicios, argumentando que el banco actuó de forma negligente en la protección de sus datos personales ante este tipo de fraudes cibernéticos. A pesar del intento de defenderse diciendo que fue la cliente quien incumplió los deberes de custodia de sus claves personales y secretas, ING no pudo demostrar su argumento en el Juzgado.

La jueza, en su resumen sobre la Ley de Servicios de Pago, explicó las obligaciones que tienen los proveedores de estos servicios. En caso de deficiencia en dichos servicios, es responsabilidad del proveedor demostrar la autenticación de una operación y la ausencia de fallo en el servicio. ING no implementó un doble sistema de control para verificar la identidad de quien realizaba las operaciones ni adoptó las medidas necesarias para evitar o mitigar los efectos negativos que sufría un usuario si se veía afectado por un fraude en línea.

Por lo tanto, como no pudo cumplir con estas exigencias legales y demostrar que la cliente actuó fraudulentamente, fue condenada a pagar esta importante suma de dinero. Esta decisión podría tener implicaciones legales y éticas para otras entidades financieras, reforzando el compromiso en garantizar la seguridad de sus clientes mediante mecanismos de autenticación sólidos.

Los deberes de custodia que tienen los proveedores de servicios financieros

Una vez más, la importancia de los deberes de custodia en las entidades bancarias es impresionante. En el caso del banco ING, se vio obligado a pagar 10.000 euros a una cliente afectada por phishing fraudulento debido a su negligencia en el cumplimiento de estos deberes.

La sentencia dictaminó que ING no implementó un doble sistema de control para verificar la identidad de quien realizaba las operaciones, ni adoptó medidas necesarias para evitar o mitigar los efectos negativos de un usuario afectado por un fraude en línea. Esto es algo que todas las entidades financieras deberían tener en cuenta.

El caso de ING también puso de relieve la importancia de garantizar la seguridad a sus clientes mediante mecanismos de autenticación sólidos. Las entidades bancarias deben tomar medidas para proteger a sus clientes de este tipo de fraudes cibernéticos, demostrando así que están comprometidas con su seguridad y confianza.

El caso ING subraya la necesidad del cumplimiento de los deberes de custodia por parte de las entidades financieras. Estos deberes no son solo una responsabilidad legal, sino también un compromiso ético para proteger a sus clientes y prevenir fraudes como phishing.

La sentencia final: ING condenada a pagar 10.000 euros

El banco ING ha sido condenado a abonar cerca de 10.000 euros a una de sus clientes por negligencia en la protección de sus datos personales y fallo en el servicio de pago. La decisión judicial se dio tras un caso de phishing fraudulento, donde la víctima fue engañada por ciberdelincuentes que imitaron al banco para robar información.

El caso es un claro ejemplo de negligencia bancaria y deficiencia en los servicios de pago. Aunque el proveedor del servicio tiene la responsabilidad de demostrar la autenticación de las operaciones y la ausencia de fallo en sus servicios, ING no implementó medidas adecuadas para garantizar la seguridad de sus clientes en línea.

La víctima fue engañada por un mensaje SMS fraudulento que le hizo creer que su cuenta había sido bloqueada. Al seguir las instrucciones proporcionadas por los supuestos responsables del banco, ella realizó una operación interna a través de su aplicación bancaria, permitiendo así el retiro de 9.499 euros de su cuenta corriente.

La jueza María Luz Barreiro explicó en su sentencia que ING no cumplió con las exigencias legales al no implementar un doble sistema de control para verificar la identidad de quien realizaba las operaciones ni adoptó medidas adecuadas para evitar o mitigar los efectos negativos que sufría el usuario si se veía afectado por un fraude en línea.

El caso podría servir como precedente para reforzar el compromiso de las entidades bancarias en garantizar la seguridad de sus clientes mediante mecanismos de autenticación sólidos. Las medidas necesarias pueden incluir la implementación de dobles sistemas de control, la comunicación eficaz con los usuarios sobre riesgos y precauciones a tomar, y el establecimiento de políticas claras y efectivas para manejar situaciones similares.



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